sabato , 5 Dicembre 2020

Sobre «el derecho a gobernar» y el fracaso del proyecto neoliberal chileno

por BRAULIO ROJAS CASTRO

Italiano

Durante el tiempo que lleva administrando el poder del Estado el gobierno empresarial de Sebastián Piñera hemos escuchado la monserga, profusamente repetida por los medios de comunicación, de que “tenemos derecho a gobernar”. Lo dijo el diputado Katz recién asumido el Gobierno. Lo espetó hasta el cansancio la ex ministra de Educación, Cubillos, cuando se la interpelaba no solo por no implementar una reforma educacional aprobada por el Congreso en el gobierno anterior, sino, peor aún, por usar recursos públicos en una campaña masiva de deslegitimación de dicha reforma. Se reclama legitimidad democrática como sustento de ese “derecho a gobernar”, apelando al 54,58% de votos de la segunda vuelta o ballotage, que llevó a Piñera al poder, pero omitiendo que hubo una abstención de 50,98% del universo de votantes. Se le exige a la oposición que permita que el gobierno gobierne, mientras implementan una radical agenda de profundización del sistema neoliberal. Algunos intelectuales liberales exigen respeto a la institucionalidad, acusando a la oposición de obstruccionista, incluso de totalitaria y “golpista” por intentar detener reformas que precarizan la vida de las y los ciudadanos. Exigían derecho a gobernar burlándose de las protestas de las personas que veían como se agudizaba la sistemática vulneración de sus derechos laborales, sociales y políticos, precarizando sus vidas. Sin embargo, este “derecho a gobernar” se ha sostenido en meras declaraciones sobre hechos que no son, ni serán reales. Afirmaciones como “seremos el mejor gobierno de la historia de Chile “tenemos un irrestricto compromiso con los Derechos Humanos”, son típicas de su retórica simplista, pero que mediante una máquina mediática puesta al servicio de los intereses del empresariado neoliberal, sus propietarios, tienen efectos concretos: son “industrias de creación de realidad”. En este sentido, Piñera y los suyos, han estado especulando constantemente con este tipo de afirmaciones, las que promovidas y reiteradas machaconamente en lo mass media, y el uso de los aparatos de represión, le han permitido manipular los conflictos, como si se tratase de un problema en una de sus empresas. En ese tenor fue el show de la búsqueda y compra de ventiladores, supuestamente “mecánicos”, en el mercado negro en China por parte de la Cámara de la Producción y del Comercio (gremio de los patrones), los que no cumplían los estándares necesarios para ser usado en situaciones críticas; el traspaso de millones a la banca a una tasa de 0,5 %, negociado con los clientes a tasas más altas que el 3,0 %, sugerido como tope por el Gobierno; el uso de los ahorros del Seguro de Cesantía de las y los trabajadores para solventar tres meses de suspensión de contratos, con el burdo artilugio de un “compromiso” del empresariado, de buena voluntad, de re-contratar a las y los trabajadores al término de la crisis.

Sin embargo, esta actitud especulativa, basada en la fuerza mediática de sus enunciados declarativos, se agotó. Lo político les estalló en la cara, y Piñera junto a su gabinete, sólo han podido implementar la salida autoritaria, la que han administrado, desde una economía de recursos que no ha logrado, aplacar el bramido de la sociedad. La masa deviene multitud organizada, aún de forma dispersa e inorgánica, con una cierta inteligencia de enjambre[1], pujando por expresarse y exigir mejores condiciones de vida, justicia y dignidad. El Gobierno, aterrado ante las movilizaciones sociales reactivadas en marzo de este año, lideradas nuevamente por estudiantes secundarios, -las que a pesar de haber sido duramente reprimidas daban cuenta de que la potencia de la Revuelta desatada en Octubre-18 no se había agotado-, ha privilegiado una mirada de Seguridad Pública y no médico-social y de cuidados preventivos para con la población, militarizando el país y sometiendo a la población a una innecesaria represión y coerción social.

El reciente triunfo en el plebiscito, que contó con un 50.90% de participación de todas las personas habilitadas para votar (contra el 49.02% de la segunda vuelta, o ballotage, en que salió electo Piñera), con el 78.27% de preferencias por la opción Apruebo, y 78.99% de preferencias por la Convención Constitucional como mecanismo para la redacción de una nueva carta magna desde una hoja en blanco, puede ser leído como un punto de inflexión en la fractura del orden político y económico neoliberal. No sólo porque alrededor de 500.000 personas que no habían participado en procesos electorales lo hicieron ahora, lo que ya es significativo, sino porque esto sucede en una plebiscito efectuado en un estado de excepción constitucional, con toque de queda y militarización de muchos barrios y territorios; el manejo poco claro de la pandemia por parte del gobierno, implementando medidas cuestionadas por la OMS, como el “contagio de rebaño”, la manipulación de las cifras de contagios, fallecidos, baja implementación de la toma de muestras y escasa trazabilidad; precarización de la población mientras el gobierno le entrega millonarios beneficios a empresas privadas, especulando con la vida y el bienestar de la población. Pese a todo eso, el triunfo de la ciudadanía fue avasallador.

Sin embargo, es necesario aclarar que este optimismo parte de la conciencia de una derrota política: la demanda que se cantaba y gritaba en las calles, incluso antes de la Revuelta Social, era la de una Asamblea Constituyente popular y ciudadana, demanda en la que confluyen todos los procesos de organización popular y del ejercicio de la autonomía política, territorial, cultural y de autodefensa, que se han movilizado en la historia del bajo pueblo de Chile, lo que se expresa en la consigna de “poder popular” que resurgía en los gritos durante las marchas. Esa demanda fue transada cuando se firmó de manera transversal el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”[2] por parte de la mayoría de los partidos políticos, -menos el Partido Comunista de Chile, el Partido Humanista y Convergencia Social (partido recientemente creado de tendencia Autonomista), entre otros grupos minoritarios-, el 15 de noviembre de 2019. “Este acuerdo elaborado a puertas cerradas por los partidos que tienen representación parlamentaria, no consideró en ninguna de sus etapas de discusión a la ciudadanía, que se venía manifestado por diversas demandas políticas y sociales que buscan modificar los efectos del neoliberalismo en la precarización de la vida, exigiendo para ello un proceso de Asamblea Constituyente que destituyese el totalitarismo neoliberal”[3].

Sin embargo, es necesario asumir y reconocer, que, más allá de la “traición” a las demandas por una destitución de la normalidad neoliberal, en una negociación de la cual no era posible esperar nada relevante en relación a una radical transformación de las actuales condiciones de despotismo económico en las que vivimos, no hubo la suficiente fuerza política e insurreccional para imponer la voluntad de la multitud alzada en la calles. Las razones de ello deben ser asunto de discusión estratégica y reflexión teórica, para la articulación de las fuerzas sociales y políticas de la oposición. Además, me parece que esta coyuntura plantea la necesidad de una discusión sobre la legitimidad de la demanda de una nueva Constitución, pues, me parece, se fetichiza el acto constitucional como si fuese la expresión misma de la potencia instituyente del pueblo. Sin embargo cabe preguntarse, para qué una Constitución[4], toda vez que es el Estado el que reclama un marco regulatorio como la Constitución, para violarla, como lo decía Diego Portales, el verdadero padre de la Patria fascista chilena[5].

Lo que sigue ahora, es una apretada agenda elector para el año 2021: elecciones de Alcaldes, Concejales, y por primera vez desde la vuelta de la democracia se elegirá por elección a los/las Gobernadores Regionales, quienes eran designados por el poder Ejecutivo. Además, en esa votación se elegirán a las y los Constituyentes (155) que redactaran la nueva Constitución. El año 2022 habrán elecciones presidenciales y se debe hacer el plebiscito de salida de la nueva Constitución, donde la ciudadanía deberá aprobar o rechazar el texto de la carta fundamental.

Como se puede observar, el proceso político ha sido cooptado por la estructura institucional del Estado, lo que puede significar la domesticación de la potencia política de la revuelta. Pero, al mismo tiempo, hay en curso discusiones y movilizaciones políticas y sociales en torno a los temas más urgentes y sensibles para la discusión constituyente: el acceso al agua y a los recursos naturales como un derecho resguardado por el Estado; la educación, la salud, la previsión social, como derechos sociales; cupos reservado para las etnias originarias, entre otros. Por lo tanto, la fuerza de las movilizaciones no se ha apagado aún. Dependerá de los grados y niveles de organización popular y de la capacidad que haya para sostener las movilizaciones en las calles el control popular del proceso.

Los dados siguen el aire, y nada ha sido ganado. La lucha continua.

[1] Cf: Hardt, Michael & Negri, Antonio. Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Barcelona: Debate, 2004, pp. 120 y ss

[2] Documento Parlamento de Chile. (2019). “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”: https://www.senado.cl/logran-historico-acuerdo-para-nueva-constitucion-participacion/senado/2019-11-14/134609.html

[3] Soto García, Pamela & Rojas Castro, Braulio. “La paz y el cuerpo político”. En C. Berrios y G. Jara (Editores). Contrapuntos Latinoamericanos. Doce ensayos políticos-filosóficos para problematizar el continente. Valparaíso: Ediciones Inubicalistas, 2020, p. 15-31, pp. 15-16

[4] Cf: Rojas Castro, Braulio. “¿Para qué una constitución? El conflicto entre la fuerza destituyente y el poder constituyente del pueblo”. En Varixs Autorxs, Arde. Acción Revolucionaria De Escritorxs. Libro colectivo por el Apruebo Constituyente. s/d, 2020, p. 292.

[5] Diego Portales Palazuelos (1793-1837), político conservador usado como emblema por la dictadura de Pinochet, señalo en una carta escrita el año 1834: “De mí se decirle que con ley o sin ella, esa señora que llaman la Constitución, hay que violarla cuando las circunstancias son extremas. Y ¡qué importa que lo sea, cuando en un año la parvulita lo ha sido tantas veces por su perfecta inutilidad”

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